No tendrás que explicarle a tu abogado qué es un pentest
La mayoría de las defensas en delitos informáticos fracasan por lo mismo: el abogado no entiende la técnica y acaba aceptando como verdad absoluta el atestado policial y el informe pericial de la acusación. Nosotros trabajamos al revés: leemos los logs, cuestionamos la atribución y sometemos cada volcado a contraperitaje con peritos forenses especializados.
Una dirección IP no es una persona. Un acceso no es necesariamente un delito. Y una herramienta de seguridad no es un arma. Convertir esas afirmaciones en prueba y en argumento jurídico es, exactamente, nuestro trabajo.
Situaciones que conocemos bien
Pentester con encargo mal documentado
Hiciste el trabajo que te pidieron, pero el contrato no recogía bien el alcance, el cliente lo niega o un tercero afectado ha denunciado. La autorización y el scope son tu defensa: hay que reconstruirlos y probarlos.
Investigador denunciado tras reportar un fallo
Encontraste una vulnerabilidad, la comunicaste de buena fe y la respuesta fue una denuncia. Ocurre más de lo que se cree. La buena fe, la proporcionalidad de la prueba de concepto y la comunicación coordinada son la línea de defensa.
Bug bounty fuera de programa o de scope
Reportaste fuera de un programa oficial, o dentro de uno pero tocando activos excluidos. La frontera entre hallazgo legítimo y acceso ilícito se juega en los detalles técnicos: los documentamos uno a uno.
Administrador o exempleado acusado de acceso indebido
Tras una salida conflictiva de la empresa aparecen accesos que se te atribuyen. Analizamos credenciales compartidas, revocaciones tardías, VPN corporativas y la realidad de quién podía entrar y cuándo.
Perfiles jóvenes: curiosidad sin ánimo de lucro
Menores y jóvenes que «entraron donde no debían» sin buscar beneficio. El proceso penal (o de menores) tiene aquí particularidades y salidas específicas que conviene activar cuanto antes.
Atribución de pertenencia a grupos o foros
Se te vincula a un colectivo o canal por un alias, una wallet o una coincidencia temporal. La atribución de identidades digitales es técnicamente frágil: la atacamos con pericial propia.
Qué se te puede imputar y qué pena tiene
Artículos del Código Penal español que concentran la práctica totalidad de las acusaciones contra perfiles técnicos (texto consolidado, LO 1/2015).
| Precepto | Conducta | Pena |
|---|---|---|
| Art. 197 bis.1 CP | Acceso (o mantenimiento) en un sistema de información vulnerando medidas de seguridad y sin autorización | Prisión de 6 meses a 2 años |
| Art. 197 bis.2 CP | Interceptación de transmisiones no públicas de datos mediante artificios técnicos | Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 3 a 12 meses |
| Art. 197 ter CP | Producir, adquirir o facilitar programas o contraseñas con la intención de facilitar los delitos anteriores | Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses |
| Art. 197 quater CP | Comisión en el seno de una organización o grupo criminal | Penas superiores en grado |
| Art. 264 CP | Borrado, daño, alteración o supresión grave de datos, programas o documentos electrónicos ajenos | Prisión de 6 meses a 3 años (agravado: 2 a 5 años y multa) |
| Art. 264 bis CP | Obstaculización o interrupción grave de un sistema informático ajeno (DoS/DDoS y análogos) | Prisión de 6 meses a 3 años |
Dos detalles del 197 bis que importan mucho a la defensa: el tipo exige vulnerar medidas de seguridad (si no las había, o eran inexistentes en la práctica, hay argumento) y actuar sin estar debidamente autorizado (el alcance de una autorización se interpreta — y ahí se litiga). Y en el 197 ter, la tenencia de herramientas solo es típica si concurre la intención específica de facilitar un delito: las herramientas de seguridad son de doble uso.
El hacking ético no tiene un salvoconducto penal en España
Conviene decirlo claro: en España no existe un «safe harbor» penal general para la investigación de seguridad. Ni reportar de buena fe ni el interés público inmunizan por sí solos frente a una querella. La divulgación coordinada de vulnerabilidades (por ejemplo, a través del INCIBE-CERT) y las buenas prácticas ayudan — y mucho — como argumento de defensa, pero no borran el tipo penal.
Por eso, si trabajas en seguridad ofensiva, tu mejor defensa empieza antes del encargo: autorización expresa y por escrito, alcance (scope) detallado, ventanas de prueba pactadas, registro de actividad propio y comunicaciones documentadas. Y si algo se tuerce, no lo gestiones solo con el cliente: cuanto antes intervenga un abogado, más se puede evitar.
«La diferencia entre un investigador de seguridad y un acusado suele ser un papel firmado y una defensa que llegó a tiempo.»
Cómo construimos tu defensa
01Atribución
Una IP no identifica a una persona: NAT, wifi compartida, VPN, equipos multiusuario. Auditamos cómo la investigación pasó de una dirección a tu nombre y atacamos cada salto débil.
02Tipicidad y dolo
¿Había medidas de seguridad reales? ¿Qué autorización existía y hasta dónde llegaba? ¿Hay intención delictiva o actividad profesional? El tipo penal se discute elemento a elemento.
03Prueba digital
Cadena de custodia de los volcados, hashes, clonados forenses y proporcionalidad de los registros. Lo que ocurre en las primeras horas condiciona todo el procedimiento.
04Estrategia procesal
Nulidades, sobreseimiento, pericial de parte y, cuando conviene a tu interés, negociación de conformidad con reducción de pena. Decidimos contigo, con los escenarios sobre la mesa.
Citación, detención o registro: qué hacer
- →No declares sin abogado. Ni en dependencias policiales ni «para aclarar las cosas». Todo lo que digas quedará fijado.
- →No entregues contraseñas ni desbloquees dispositivos sin asesoramiento. Tienes derecho a no autoincriminarte.
- →No borres nada. Destruir datos puede agravar tu situación y, sobre todo, elimina la prueba que podría exculparte: tus logs, tus correos, tu autorización.
- →Reúne tu documentación: contratos, scopes, correos con el cliente, reportes enviados, tickets. Es tu defensa material.
- →Llámanos: 910 328 053, 24/7. Asistencia al detenido e intervención inmediata en registros, en toda España.